COALICIONES INTERÉTNICAS EN LOS AÑOS TREINTA:

MOVIMIENTOS INDÍGENAS EN CAYAMBE

Marc Becker

Revista Yachaikuna, No. 2, diciembre del 2001
Publicación Semestral, Instituto Científico de Culturas Indígenas, ICCI
http://icci.nativeweb.org

El 31 de marzo de 1932, Julio Miguel Páez, un hacendado blanco, quien era el arrendatario de la hacienda de Moyurco en el cantón de Cayambe, informó al Ministerio de Gobierno en Quito que cuatro días antes Antonio Lechón, un obrero indígena quien había dejado la hacienda hace más de un año, había regresado e intentado exigir un pedazo de tierra como su huasipungo personal. Los empleados de Páez en la hacienda se negaron a permitir a Lechón trabajar, y como resultado "los demás peones han abandonado el trabajo y se han insurreccionado". Páez le pidió al gobierno que enviara un escuadrón militar para suprimir el levantamiento indígena y reestablecer el orden en la hacienda (Egas 1932a:107). El gobierno respondió a esta demanda, y rápidamente envió las tropas que suprimieron la huelga. El gobierno acusó a cuatro peones indígenas (Marcelo Tarabata, Carlos Churuchumbi, Antonio Lechón y José Quishpe) de ser líderes del levantamiento y decidió expelerles de la hacienda. Los sirvientes en la hacienda, junto con los soldados, acorralaron los animales de los cuatro Cayambis y los pusieron en un corral, entraron en sus casas y confiscaron todo lo que estaba allí (granos, ropa, y los pocos utensilios que ellos poseyeron) descargándolos en un montón en el patio de la hacienda, y echaron el candado a las casas impidiendo que los indígenas volvieran. Los soldados llevaron a los cuatro protestadores a la cárcel en Quito.

Como otras haciendas en la zona norte de Cayambe, Moyurco no era una hacienda privada sino parte de los bienes de la iglesia que el gobierno liberal había nacionalizado en 1908 como parte de sus reformas anticlericales. La hacienda perteneció a la Junta de Asistencia Pública que la alquiló a otros propietarios como Páez y usó los fondos para ejecutar proyectos de bienestar social como los hospitales y orfandades. Pero nada de la riqueza de la tierra quedó en las manos de la gente más pobre del Ecuador, los indígenas trabajadores de las haciendas grandes. Por esta razón, los Cayambis luchaban por sus derechos.

Esta huelga en Moyurco siguió una más prolongada el año anterior que empezó en Pesillo e extendió a lo largo de las haciendas en la zona norte de Cayambe (vea Becker 1998 y Prieto 1980). La élite temió un repita de esos eventos, y como resultado los hacendados en alianza con el gobierno y ejercito suprimieron esta huelga muy rápidamente. Esta huelga en Cayambe era parte de un movimiento más grande en la década turbulenta de los años treinta cuando obreros agrícolas lucharon contra el capitalismo agrario que estaba minando sus intereses sociales e económicos. Los obreros indígenas mantuvieron que los hacendados grandes eran llevando Ecuador por un camino de desarrollo del capitalista dependiente que beneficiaría sólo los ricos y producería el empobrecimiento económico de las masas. Ellos utilizaron nuevas formas de estrategias organizativas que no eran tradicional en su formación sino salieron de pensamientos muy adelantados. Como los rebeldes Zapatistas en Chiapas, México exigieron unos sesenta años después, "nuestra lucha no está contra el futuro, pero sobre quién forma el futuro y quién beneficia de él " (NACLA 1998:10). Cada vez más, los indígenas en Cayambe creyeron que una revolución socialista era la única manera para superar el subdesarrollo económico y lograr la justicia social.

¿Qué estrategias podrían usar los indígenas cayambis para hacer los cambios que ellos desearon en su lucha para una sociedad más justa e igualitaria? Hasta 1978, las constituciones ecuatorianas utilizaron requisitos de alfabetización para excluir a los indígenas de los derechos de ciudadanía. En los años treinta, sólo un tres por ciento de la población eligieron a oficiales gubernamentales que gobernaron encima del resto de la población. En las áreas rurales como Cayambe, poder político y económico permanecido firmemente en las manos de la misma clase hacendado quién explotó a los indígenas. No había mucho esperanza que ellos pudieran usar el proceso electoral como una avenida para hacer el cambio. Otras barreras también lo hicieron difícil para ellos desafiar la estructura de poder existente. Geográficamente, ellos se aislaron en las haciendas en el norte de Cayambe, lejos del poder centralizado en Quito. La falta de infraestructura (los caminos, el transporte, la comunicación) así como los fondos para utilizar la infraestructura limitada que existió también lo hice difícil. Además, como analfabetizado Quichuahablantes, les faltó el idioma e entrenamiento legal para apretar sus demandas para cambios políticos que podrían mejorar su posición social e económico.

Despúes de la huelga en Moyurco, dos interpretaciones diferentes surgieron de lo que había pasado en la hacienda. Los funcionarios del gobierno y los hacendados vieron la huelga como una conspiración comunista en que agitadores urbanos habían forzado a los obreros indígenas a romper el orden establecido en el campo. Ellos creyeron que los indígenas eran trabajadores duros pero ignorantes y fácilmente susceptibles a influencias extrañeras negativas. Por otro lado, los indígenas negaron que ellos hubieran organizado esta huelga de antemano o que extrañeros la habían planeado. Aunque los cuatro indígenas expelidos admitieron que ellos habían participado en la huelga, ellos descontaron la interpretación de la élite que subversivos externos la habían organizado, y en cambio indicaron que demandas legitimas y serias eran la causa fundamental. Era un movimiento masivo espontáneo que respondió directamente a la falta del propietario de pagar los sueldos legítimamente debido los obreros. En la raíz de esta disputa eran dos nociones diferentes del papel que los indígenas deben jugar en la sociedad ecuatoriana, sus relaciones apropiadas con la cultura dominante, y el tipo de economía política que debe criarse en Ecuador.

J. Rafael Sáenz, el depositario de la hacienda de Moyurco, mantuvo que este levantamiento era un resultado del apoyo e instigación que los indígenas recibieron de los líderes socialistas como Ricardo Paredes, Luis F. Chávez, y Rubén Rodríguez. La participación de Rodríguez, un izquierdista cayambeño que sirvió en el gobierno municipal, particularmente molestó a Sáenz, porqué su participación prestó la legitimidad a los acciones de los indígenas y atrajo a los izquierdistas quiteños como Chávez y Paredes, los fundadores de la joven Partido Comunista del Ecuador. Sáenz creyó que la intervención de agentes externos causaron a los indígenas apretar sus demandas malo_encabezadas. Los acciones de los socialistas producían las imputaciones calumniadoras contra Páez y "una mal comprendida compasión para los revoltosos". Los cuatro peones estaban intentando extender la huelga a las haciendas vecinas, y su expulsión era necesaria para restablecer el orden en la hacienda. Aunque desalojando a los indígenas significó la pérdida de obreros de la hacienda, este castigo era necesario para prevenir más huelgas y disturbios (Sáenz 1932a:741).

Los hacendados primero y rápidamente presentaron su versión de eventos, pero con la ayuda de simpáticos izquierdistas urbanos, la perspectiva de los indígenas lentamente surgió. Lechón, un "indio suelto" de la hacienda, había estado enfermo durante el último año e incapaz de trabajar. Cuando su hermano se murió, le obligaron a que volviera para trabajar y se tomó el huasipungo de su hermano recientemente fallecido. Lechón unció a un par de bueyes para arar la tierra de su hermano, pero el mayordomo lo detuvo y cortó el cabestro de los bueyes. Otros peones que observaron lo que estaba pasando intervinieron y exigieron que el mayordomo le permitan a Lechón proceder con su labor. Si el mayordomo no le permitieran a Lechón proceder, los peones amenazaron dejar el trabajar porque el propietario no les había pagado por tres meses. Como resultado de este conflicto sobre el pago de salarios, los indígenas se declararon en huelga.

El 22 de abril, los cuatro expulsados y encarcelados indígenas de la hacienda de Moyurco presentaron una petición al Ministro de Gobierno en protesta de su expulsión. Augusto Egas, el director de la Junta de Asistencia Pública, justificó y aceptó la evicción de los cuatro obreros. Los cuatro denunciaron el tratamiento cruel y tiránico que ellos habían recibido al Ministerio de Gobierno quién estaba arriba de Egas. "En esta amarga situación," ellos solicitaron, "venimos a pedir auxilio a Ud." (Cruz 1932a:639). Los Cayambis hubieron nacido y crecido en la hacienda, y ellos habían "trabajado con todo empeño siempre, y en ella quedan las gotas de sudor de nuestra frente inclinada siempre al suelo para hacerlo fructificar". Aunque ellos habían trabajado todos sus vidas en la hacienda, debido al sistemo de huasipungo había sido imposible ahorrar suficiente dinero para comprar un pedazo de tierra en que podrían construir una casa y sembrar su propia comida. Páez había desalojado Lechón de la hacienda porque él era un "pícaro, bandido". Los otros disputaron esta acusación y más allá mantuvieron que en cualquier caso no fueran bases suficientes para desalojar a un obrero. El hacendado respondió que él había desalojado a Lechón porque "le daba la gana", y él también desalojaría a aquéllos que protestaron contra este acción (Cruz 1932a:639). Los cuatro indígenas expelidos habían establecido reputaciones como revoltosos. El gobierno había identificado a Tarabata como un líder de la huelga en Pesillo el año anterior y le había arrestado y llevado por tren junto con varios otros de Cayambe a Quito para enfrentar las acusaciónes delante de un juez.

Los Cayambis mantuvieron que no era ninguna ley que permitió Páez, el arrendatario de Moyurco, a disparar y desalojar a los obreros y por eso él estaba en violación de la ley. Ellos imploraron el ministerio para defender las leyes. "Nuestra actual súplica," los cuatro declararon, "es la de que Ud. se digne disponer que el arrendatario nos deje tranquilos en los huasipungos, cuyas casas son construídas por nosotros, y de las cuales no puede despojarnos el señor Páez sólo por su capricho o voluntad arbitraria." Ellos atrajeron a los sentimientos humanitarios del ministerio y acabaron con una súplica que el asista a las necesidades de "unos indígenas ecuatorianos miserables e indefensos", y pusieron su fe en s contestación favorable a su petición (Cruz 1932a:639).

Los indígenas mantuvieron que las acusaciones del gobierno en contra de los cuatro peones quienes habían sido arrestado eran injustos. Churuchumbi, uno de los huelguistas, ni siquiera trabajó en la tierra dónde la huelga tuvo lugar, pero en la fábrica de queso de la hacienda. Él había unido a la huelga porque el propietario no lo había pagado su salario por más de un año. En violación de la ley de 1918 que suprimó el concertaje, el propietario confiscó su sueldo para reembolsar la deuda que su padre había contratado con la hacienda. Churuchumbi no sabía nada de esta deuda, y era cuestionable si esta deuda realmente había sido contraída. Aunque estas cuatro personas habían participado en la huelga, los indígenas mantuvieron que no había ninguna evidencia que ellos habían sido lideres de la huelga, mucho menos que había existido justificación para desalojarles de la hacienda. La huelga, sin embargo, había dado una justificación para otros abusos por parte de los hacendados. Por ejemplo, Páez, el arrendatario de Moyurco, amenazó a disparar a Elías Alba, uno de los huelguistas, cuando el se encontró en el camino a la ciudad de Cayambe dónde Alba había ido a protestar contra los abusos del hacendado. Los indígenas habían sufrido y perdido mucho, la petición declaró, y ellos pidieron al Ministerio de Gobierno para justicia, y para invertir los acciónes arbitrarios e injustos del arrendatario de la hacienda (Cruz 1932b:657).

Sáenz respondió rápidamente a estas acusaciónes. Aunque Churuchumbi trabajó en la fábrica de queso, esto no le impidió a ser el autor principal de la huelga que él había preparado por adelantado en la colaboración con Tarabata y Quishpe. Sáenz exigió que la hacienda no había confiscado las posesiones de los peones, pero sus esposas habían coleccionado el ganado, grano, y herramientas y los habían llevado con la ayuda de otros peones y empleados de la hacienda a un lugar llamado "El Llano" dónde los soldados los guardaban. En cuanto al sueldo que los obreros contendieron que se debieron, Sáenz exigió que después de deducir las deudas de los peones, no quedó nada para ser pagado a ellos. Sáenz también exigió que Páez no había atacado a Elias Alba, sino que se hizo víctima por él, y que el había visto todo eso porque él estaba con Páez en el camino a Cayambe cuando la casualidad tuvo lugar. En todo, Sáenz descontó todo las acusaciónes que los obreros habían llevado contra la hacienda y su administración y habían mantenido que las imputaciones de bienes confiscados y los animales matados eran mentiras (Sáenz 1932b:742). Egas, representando la posición del gobierno, negó las acusaciónes de los obreros expelidos y apoyó y reforzó las declaraciones de Sáenz. Él minimizó la importancia del problema del fracaso de los propietarios para pagarles sus sueldos a los peones. Esto era meramente un resultado de las dificultades económicas que las haciendas estaban experimentando en el contexto de una depresión económica mundial que significó una falta de recursos en la hacienda. Además, Egas se resintió las acusaciónes que la ley sólo sirvió los intereses de los hacendados que podrían permitirse el lujo de una defensa legal (Egas 1932b:193).

Este intercambio de cartas y peticiones indica las dificultades que los obreros indígenas en las haciendas enfrentaron en su lucha para ganar la justicia social. Dado la situación racista en el Ecuador en los años treinta, en vez de tomar en cuenta las intereses de los indígenas analfabetos quien estaban sujetados en una posición subyugada bajo la ley ecuatoriana sin disfrutaron los privilegios y protecciones de la ciudadanía, el gobierno más probablemente tomo en cuenta las ideas del los élites blancos educados que vinieron de la misma clase social y grupo étnico como los funcionarios del estado. Bajo estas condiciones, se puso más crítico para que los indígenas buscaran intermediarios quien podrían prestarles legitimidad y ayuda en presentar sus demandas al gobierno.

Aunque los indígenas desde hace mucho tiempo habían utilizado los mecanismos legales de estructuras estatales para presentar sus demandas al gobierno, en los años treinta en el contexto de la expansión del sistema capitalista internacional en los confines de una hacienda tradicional, estas protestas y demandas crecieron rápidamente. En 1941 el Ministro de Previsión Social y Trabajo quejó sobre la "tendencia al perenne litigio, que parece propia de nuestra gente de los campos" (Andrade 1941:103). Raramente hay indicaciones en las peticiones acerca del papel o identidad de quién las escribió. Dado la realidad de una fuerza obrera indígena analfabeta, las peticiones faltaron una voz directa. Los indígenas contrataron a una escriba estacionado delante del ministerio gubernamental para poner sus demandas en un formato apropiado y en el papel legal que el gobierno requirió, pero raramente eran estos escribas involucrados en el proyecto político de los peticionarios. ¿Representan las peticiones una transcripción literal de las palabras de los obreros? El idioma materno de los Cayambis era Quichua; ¿aplanaron y modifican los escribas a las palabras para que serían más presentable a un público educado y urbano? ¿Surgieron los propios estereotipos y asunciones de los escribas en estas peticiones? ¿En el mundo andino dónde la identidad es abrumadoramente local y en una situación política dónde los indígenas no eran ciudadanos, usarían ellos frases como "infelices ecuatorianos" qué normalmente surgió en las peticiones? ¿Ellos se verían como infelices, más aun como ecuatorianos, o era sólo una táctica para ganar la simpatía de oficiales gubernamentales quien articularon una ideología liberal que teóricamente incluyó a todos a la identidad ecuatoriana?

Los intelectuales izquierdistas urbanos jugaron un papel importante durante la huelga el año anterior en Pesillo. Esto representó un cambio conceptual y estratégico significante en el desarrollo del movimiento popular de Ecuador. En los años veinte, los Cayambis habían estado organizando sindicatos campesinas mientras independientemente los blancos izquierdistas en Quito habían organizado un partido socialista. A través de los esfuerzos de individuos como Ricardo Paredes y Jesús Gualavisí, los dos grupos vinieron a ver sus intereses y preocupaciones comunes. Cada vez más, cuando ellos se apoyaron en sus luchas, una coalición interétnica surgió. Semejantemente, sesenta años después, Subcomandante Marcos describió por qué la lucha de los Zapatistas Mayas en México no se había convertido en una guerra de castas con los indígenas contra los ladinos. "Cuando los compañeros de las comunidades se encuentran con otras personas, blancas, rojas, negras o amarillas, y se dan cuenta que pueden ser compañeros o hermanos y no enemigos", declaró Marcos, "sino que reconoce en él a otra persona con la que puede hablar y a la que puede ayudar, pues eso tiene un efecto" ("Diálogo con el gobierno" 1998).

Los izquierdistas quiteños dieron fuerza y cohesión crítica a las organizaciones indígenas nacientes. Ellos se pusieron en contacto con sindicatos campesinas extendidas a lo largo de Ecuador. Ellos hicieron que el público sea consciente de las realidades en las haciendas y ayudaron a los indígenas a presentar sus demandas al gobierno. Cuando los huelguistas de Cayambe llegaron de pie al Quito en marzo de 1931 para presentar sus demandas directamente al gobierno, estos mismos izquierdistas les proporcionaron apoyo logístico. Luego estos izquierdistas urbanos empezaron a publicar un periódico bilingüe (Español-Quichua) llamado Ñucanchi Allpa (Nuestra Tierra) dedicado a la defensa de preocupaciones indígenas por todo Ecuador. Oswaldo Albornoz exigió que los marxistas ayudaron a presentar una nueva forma de organización a los indígenas que dieron "mayor fuerza y cohesión a sus combates reivindicativos, introduciendo la huelga como poderosa arma de batalla, que ya no será abandonada nunca y que desde un principio demuestra su gran efectividad" (Albornoz 1987:166). Indiscutiblemente, los izquierdistas proporcionaron una ayuda crítica en la consolidación del movimiento indígena en Ecuador.

Visto que previamente los indígenas habían sido obligados a confiar en extrañeros para presentar sus quejas al gobierno, cada vez más ellos ganaron sus propios recursos para presentar sus demandas. Utilizando herramientas y habilidades que ellos habían aprendido de los marxistas urbanos, los indígenas rurales eran cada vez más capaces de presentar sus propias defensas y crear un Ecuador que respondió a sus intereses y preocupaciones. En una petición en junio de 1932, José M. Amaguaña, un obrero indígena de Cayambe, escribió al Ministro de Gobierno y Previsión Social para prestarle más información y explicación sobre los eventos en la hacienda de Moyurco. Amaguaña no asume la voz de los obreros expelidos, pero intenta a explicar la situación desde el punto de vista de un obrero indígena en la hacienda. El resultado es un cambio notable en el discurso. Se han ido las referencias a los obreros como los ecuatorianos infelices. En su lugar, Amaguaña usa la palabra "indígena" como una marca étnica, y además la usa como un término de identificación y orgullo en lugar de algo que debe esconderse o suprimirse.

La carta del junio de Amaguaña también sirvió otra función. Al contrario de la huelga el año anterior en Pesillo que se encontraba en las páginas principales de los periódicos quiteñas, hasta este punto estos eventos en la hacienda de Moyurco habían sido principalmente invisibles y legos de los ojos del público. Ahora El Comercio, el periódico diario principal en Quito, notó que representantes de Tarabata, Churuchumbi, Lechón, y Quishpe habían presentado su caso al Ministerio de Previsión Social. El artículo simplemente notó que la hacienda había disparado los cuatro por ser lideres de una huelga en la hacienda ("Queja presentada" 1932:8). Aunque el artículo no presenta ningún detalle, análisis, o explicación de estos eventos, lo hizo más difícil para que el gobierno descontar estos eventos como ocurrencias aisladas e insignificantes. Los indígenas estaban insertándoles en debates públicos.

En octubre de 1932, Amaguaña e Ignacio María Alba una vez más escribió al Ministerio de Gobierno y Previsión Social en nombre de "un grupo de indígenas, cuyo pecado es el haber luchado, por conseguir mejoras" para solicitar para alivio y atención a sus preocupaciones. Ellos procedieron a proclamar que "la carta fundamental de la República garantiza el derecho de asociarse los trabajadores, en sindicatos". Dado este derecho, obreros habían organizado los sindicatos "Tierra Libre" y "El Inca" hace más de dos años. Ellos creyeron que a través de estas organizaciones ellos pudieran ganar el respeto y podrían hacer que su voz sea oída. Pero ellos averiguaron "que ninguna garantía podía haber para nosotros". Como resultado, como permitió la constitución, ellos lanzaron una huelga pacífica para mejorar los sueldos y condiciones de trabajo "lo cual, en nuestro concepto humilde, podía perfectamente ser atendido" (Jijón 1932:422).

Alba y Amaguaña no quedaron lejanos de las luchas de los obreros agrícolas en las haciendas de Cayambe. Los dos habían trabajado como "indios sueltos" en la hacienda de Pesillo y se habían sido despedidos el año antes debido a su activismo político. Similar a lo que estaba pasando ahora, los funcionarios del estado habían redondeado sus ganaderas y cosas personales y fuertemente los habían desalojado de la hacienda junto con sus familias. Neptalí Ulcuango (1993:7), un líder indígena posterior en Cayambe, identificó a Alba como uno de los líderes originales del "Sindicato Agrícola El Inca" que los obreros indígenas habían formado en la hacienda de Pesillo en los años treinta para defender sus derechos comunales. Poco después, activistas en la hacienda vecina de Moyurco fundaron "Tierra Libre". Los problemas primarios a que estas organizaciones se dirigieron eran el derecho de la tierra, acceso a agua y pastura, sueldos, educación, y el fin de abusos. Tarabata, Churuchumbi, y Lechón, así como Alba y Amaguaña que vinieron a su defensa, eran parte de un grupo de 128 Cayambis que en marzo de 1931 habían caminado por dos días para presentar sus quejas directamente al gobierno central en Quito. Egas, el director de la Asistencia Pública, se resintió el envolvimiento de Amaguaña en estos problemas y exigió que él no era inocente y mantuvo que su expulsión anterior estaba justificada (Egas 1932b:193). Estos indígenas eran las espinas incesantes en el cuerpo del gobierno. Egas les acusó de no trabajar en la hacienda y de estar comprometido en ninguna actividad sino que llevar adelante el levantamiento indígena. El gobierno continuó buscando una oportunidad conveniente para quitar a estas personas finalmente y definitivamente de la hacienda.

Aunque cada vez más los obreros indígenas exigieron la iniciativa en las demandas urgentes ante el gobierno, ellos todavía apreciaron la ayuda de sus compañeros urbanos que defendieron sus intereses y sacaron concesiones de los propietarios. A aquéllos que mantuvieron que las demandas indígenas eran el resultado de agitadores externos y un pequeño grupo de personas descontentas, Amaguaña y Alba notaron que si los indígenas "no se han quejado en estos tiempos, no es porque tengan mejor trato, no, sino, porque sobre éllos está la amenazada de ser expulsados si se quejan; diariamente son estropeados". Las autoridades locales no harían nada para terminar estos abusos o resolver estos problemas porque ellos estaban "al servicio de los amos". Finalmente, los autores notaron que "mucho sufre la raza indígena y ya es hora de hacer algo efectivo para que se le respete y considere" (Jijón 1932:422). Los indígenas continuaron necesitando que los actores externos apretar sus demandas ante el gobierno.

El Ministerio de Gobierno y Previsión Social le pidió a Egas una contestación detallada a los punto que Amaguaña y Alba levantaron en su carta. Con el apoyo de izquierdistas urbanos, ya no era posible ignorar las demandas de los indígenas. Egas continuó negando las imputaciones que el gobierno, el ejército, o los propietarios habían quitado algo de los indígenas o les habían causado cualquier daño. Sí, Egas estaba de acuerdo, se habían disparado diez o doce indígenas, pero ellos salieron de su propia voluntad. Él exigió que ellos repetidamente habían expresado un deseo de dejar la hacienda. "Pobre indios", Egas (1932d:293) escribió, ¿dónde van a encontrar la riqueza que ellos en las haciendas?

En octubre con la negada de Egas y más de medio año después de la huelga en la hacienda de Moyurco, estos eventos parecían venir a un fin. Pero fundamentalmente nada había cambiado y los abusos continuaron como antes. Cada vez más, estos acciones atrajeron atención extrañera a la condición de los obreros indígenas en las haciendas en Cayambe. En junio de 1935, los propietarios en Cayambe informaron al gobierno que líderes comunistas estaban planeando una huelga masiva por el primero de julio.

Heriberto Maldonado, el arrendatario de los haciendas Pisambilla y Carrera, denunció estos actos como el trabajo de "cinco conocidos explotadores que han hecho profesión en estos asuntos, pues, podría decirse que ni siquiera es una fracción de bando político, sino un grupo audaz que corrompe al elemento trabajador en todo sentido". Sus actividades rompieron el orden establecido y amenazaron las vidas de los propietarios así como los intereses de la hacienda. "Deberían confinarlos o aislarlos en algún lugar de la República, y el problema quedaría solucionado" (Egas 1935:355; Maldonado 1935:862).

Maldonado nombró a los "cinco conocidos explotadores" como Rubén Rodríguez, Manuel Cañizares, Max Alvare, Alejandro Torres, y Jesús Gualavisí. De los cinco, sólo el último (Gualavisí) era un indígena de Cayambe. Rodríguez era un líder izquierdista bien conocido y respetado en Cayambe. Torres también tenía experiencia política anterior en el cantón. En enero de 1931, él había viajado de Quito a Cayambe para ayudar a los Cayambis en organizar un congreso campesino y como resultado el gobierno le había arrestado por perturbar el orden público y comprometer actos de violencia. La presencia repetida de estos líderes izquierdistas indica que aunque las personas como el Alba y Amaguaña habían adquirido muchas de las habilidades necesarios para apretar adelante la lucha indígena en Cayambe, los marxistas urbanos continuado teniendo un papel importante en este proceso. También indica la dedicación de los izquierdistas a la lucha indígena que ellos vieron como integral y quizás crítico al éxito de la lucha de la clases que ellos prendieron emprender en Ecuador.

La dinámica de la construction de una coalicion interétnica en la hacienda de Moyurco se repitió en las haciendas vecinas. Por ejemplo, el arrendatario de la hacienda de Tolontag exigió que peones eran "seducidos por 3 o 4 abogados que tratan de explotarlos, han obtenido que se levanten, abandonando la hacienda y trasladándose a esta ciudad, sin poder asegurar a Ud. el objecto que hayan traído". El arrendatario pidió que el gobierno mande la policía para evitar otros problemas. Como en Moyurco, él había identificado a tres o cuatro peones como los líderes y había pedido permiso para desalojarles para evitar más disturbios (Izurieta 1932:629). Egas respondió que "mal podría oponerme a que Ud. adopte las medidas que juzque oportunas para guardar la disciplina en la hacienda" (Egas 1932c:252).

Movimientos de protestas indígenas que salieron de las haciendas y el apoyo de los izquierdistas urbanos que les prestaron amenazaron a la élite que urgentemente intentó suprimir a estos disturbios. Por eso, la élite estaba en contra de los líderes indígenas locales así como izquierdistas urbanos simpáticos que apoyaron a sus luchas.

Aunque los izquierdistas urbanos les habían proporcionado a los indígenas inspiración, estímulo, y consejo en cómo seguir en sus luchas contra el gobierno, en el fin fueron los indígenas quienes eran responsables para articular sus demandas y preocupaciones. Aunque influido profundamente por los marxistas, en el fundo se guió como lucha indígena. A pesar del racismo en el Ecuador, nunca se volvió a una lucha racial. Más bien, era una lucha popular contra el capitalismo agrario en que se concentró la riqueza del país en las manos de una élite pequeña. El legado de esta historia para las luchas populares para la justicia social en Ecuador es un movimiento indígena qué ni era la creación de indigenistas paternalistas ni enfocó contra los sectores blancos y mestizos de la población. Más bien, los activistas indígenas y los marxistas urbanos pudieron imaginar juntos un orden social más justo que cada vez más llevó a una revisión de divisiones sociales y étnicas en el país.

Bibliografía

Nota: Las fuentes archivos son del Archivo Nacional de Medicina del Museo Nacional de Medicina "Dr. Eduardo Estrella," Fondo Junta Central de Asistencia Pública en el Quito, Ecuador (citado como JCAP), Libro de Comunicaciones Dirigidas (citado como CD), y Comunicaciones Recibidas (citado como CR).

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