Boletín ICCI-ARY Rimay, Año11, No.120, Marzo del 2009

Ley de soberanía alimentaria

Cecilia Chérrez

Desde 1930, el modelo económico que nos han impuesto, no le ha dado tregua a la naturaleza, ya sea por medio de monocultivo, por el petróleo o por medio de la minería, la explotación con fines simplemente acumulativos de la riqueza ha sido constante, afectando a la producción campesina e indígena, por ende a su vida cultural y territorial, situación que nos empuja a buscar caminos organizativos, político y jurídicos que permitan la visualización del daño que estamos ocasionando a la naturaleza y junto a ella, el daño a nosotros, a nuestra salud y a la de nuestros hijos.

Este modelo económico que basa el desarrollo en procesos extractivistas intensivos de la naturaleza, lo hemos vivido desde la misma conquista española, fuimos proveedores de oro, plata, canela y cacao, en la época colonial, necesidad que no fue nuestra, que estaba sujeta a las necesidades del mercado de la Europa feudal, más tarde con la república, las cosas no cambiaron mucho, el cacao o conocido entonces como la pepa de oro, fue el producto por excelencia que se cultivaba, sin importar cuanto daño se hacía a la naturaleza, en cuanto monocultivo; para mediados del siglo XX será el banano, después el petróleo, siguiendo a éste vendrá la palma africana, el camarón, las flores, producción que siempre ha estado sujeta a la necesidad del mercado internacional, bajo la única norma de acumulación de la riqueza, dirigida además a un solo sector minoritario de la población ecuatoriana.

Lo que es necesario preguntarse, para un análisis consecuente con la vida, es ¿qué pasó con los bosques, los ríos limpios, las comunidades, la diversidad productiva y económica que se manejaba antes de esas grandes plantaciones, en esos mismos territorios, ahora ocupados con monocultivos o actividades extractivas?

Hoy a un año de terminarse la primera década del siglo XXI, la explotación minera, con la nueva ley aprobada por la comisión legislativa, se deja abierta la posibilidad de la explotación minera a gran escala, es verdad que nosotros tenemos una minería artesanal desordenada, que hay que regularla, pero la minería a gran escala, inclusive regulada ¿Qué significa o que significaría para los territorios donde va a ser aplicada? ¿Qué pasará con la naturaleza, la flora, la fauna; con las poblaciones cercanas, tradiciones y costumbres económicas, productivas, alimentarias que han estado siempre ligadas al suelo agrícola? ¿Qué pasará también con el agua, no solo superficial, sino también con las fuentes subterráneas?

Es necesario hacernos estas preguntas porque conocemos que el total del territorio comprometido hasta hoy en la explotación petrolera es de tres millones quinientos mil hectáreas, que supone más del 15% del territorio nacional, si sumamos a esto los estudios hechos por el Banco Mundial hace una década, sobre la minería, donde podemos observar que existen cinco millones de hectáreas de potencial minero, que significa el 20% más del territorio ecuatoriano. Este tipo de actividad extractiva daña la naturaleza y el territorio donde se desarrolla. Si dimensionáramos todo el daño económico, poblacional y cultural de los espacios amazónicos donde el petróleo está siendo explotado, es seguro que no entenderíamos esto del “desarrollo ligado a la extracción minera o de hidrocarburos”

A este 35% de espacio ocupado por el petróleo y la minería, sumemos las 200 mil hectáreas de banano, producción que se da intensamente, utilizando agro-tóxicos, fumigados vía aérea o manualmente por los trabajadores, empobreciendo la tierra, generando una especie de dependencia agroquímica para hacer posible la producción; sin hablar de los problemas de salud que significa para los trabajadores, mujeres y niños que son fumigados junto a las plantaciones, quienes sufren impotencia, mutaciones genéticas en la descendencia, abortos, cáncer en la piel y otros, cosa igual sucede en los pueblos amazónicos que son pueblos bañados en petróleo, realidad que nunca es visualizada en el PIB, porque son poblaciones compuestas de campesinos e indígenas, quienes nunca son tomadas en cuenta en los datos estadísticos económicos.

Para el gobierno actual, crear una empresa nacional minera al igual que Petroecuador supone ir dando respuesta por adelantado al fin de la producción petrolera que según estudios tienen unos 20 años más de existencia en nuestro territorio, esto significa que el eje económico del país, pasará del petróleo a la minería, asegurado según los asesores económicos del régimen el desarrollo económico del país, lo que no se alcanza a entender o no se quiere entender es que la explotación minera a gran escala, realizada ya sea por una empresa estatal o una empresa transnacional, significa no solo ocupación del suelo agrícola de muchos pueblos indígenas y campesinos, sino terminar con todos los bienes naturales que viven en lo sitios previstos para la explotación, es terminar con las prácticas productivas propias, es terminar con la soberanía alimenticia de todos los ecuatorianos.

Muchos de los indígenas y campesinos afectados, que se dedicaban a la agricultura, se verán obligados a dejar sus tierras, competir con sus compañeros por una plaza laboral en la minera o migrarán a la ciudad a incrementar las grandes filas del desempleo o subempleo, además de afectar a los mercados locales, a la alimentación propia de los pueblos, pues nos convertiremos en un país minero por excelencia, dependiente de productos industrializados.

En relación al camarón, otro producto exigido por el mercado exterior, ha sido cultivado en 210 hectáreas de territorio nacional, en áreas de bosques de manglar, en suelo agrícola que conocemos como pie de monte, llegando a la torpeza productiva de contener los ríos o desviarlos para formar las grandes camaroneras, echando sal al agua dulce, para luego dejarla ir a los campos o a los ríos, contaminando y dañando; éste tipo de agro-negocio ha terminado con la alimentación de pueblos del manglar, recolectores de conchas, cangrejos y más animales que hacían parte de la alimentación de esos pueblos, inclusive terminando con los manglares que son la matriz bio-diversa del mar, terminando con la protección de los pobladores de las cercanías al mar, han terminado con varias hectáreas de monte dedicados a la producción de yuca, frutas dulces y cítricos, etc., terminando además con la pesca de los ríos, pues estos han desaparecido o están contaminados.

El camarón no solo ha terminado con todo lo citado, ha puesto en peligro la vida de los pueblos costeros, pues los fenómenos naturales, como del niño han sido cada vez más fuertes pues no contamos con la protección natural del manglar.

Hemos perdido más del 70% de manglares, con ello la alimentación, ligada a la recolección, a la pesca, a la agricultura, afectando directamente la soberanía alimentaria de la costa; los camaroneros que hoy no encuentran negocios en el camarón porque el mercado internacional ya no exige, han vuelto a sus bancos, a sus empacadoras de pesca industrial o simplemente invirtieron en otros negocios, como si nada ha pasado.

Si nos referimos al monocultivo de las flores bajo invernadero, el espacio ocupado es de 4 mil hectáreas aproximadamente, estos suelos que antes proveían de cebada, lenteja, habas, pastos y más productos de la sierra han sido reemplazados por el cultivo de flores, que como cualquier otro monocultivo, utiliza agro-químicos, afectando la tierra y la salud de los trabajadores que laboran en esta actividad.

También podemos citar otros productos, cultivados bajo este mismo sistema de monocultivo como la palma africana, que ocupa cinco agro-químicos tóxicos. Entender que la utilización de agro-químicos en los monocultivos, significa contaminación de los ríos, de las plantaciones de otros cultivos, pues se dispersan con la lluvia o llegan a los ríos y otras fuentes de agua, también ayudados por la lluvia, terminando así con la posibilidad de tener una vida, terminan con la fauna y la flora que existe alrededor de estos ríos, terminando finalmente con la alimentación sana.

Ahora estamos viviendo una especie de fiebre, de bio-combustible, que de bio no tiene nada; varias organizaciones campesinas, sobretodo en Brasil, han decidido llamarlo agro combustible, porque compite con la agricultura, con la vida del suelo agrícola, por ello me acojo a esta denominación. El cultivo de caña, maíz, de soya y el piñón, dirigidos a la producción de agro-combustibles es una falacia, pues hay estudios que dicen que si todos los países agrícolas de Latinoamérica, se dedicaran a producir éste tipo de energía, solo alcanzaría a cubrirse un porcentaje por debajo del 30% de la energía ocupada por estados Unidos.

Imaginemos cuanta producción de monocultivo de estos productos necesitaríamos en el planeta para reemplazar el 25% de producción petrolera y el 25% de producción de gas a nivel mundial, dirigido al consumo energético de los Estados Unidos.

Es necesario entonces, observar el nivel de dependencia productiva y alimenticia que se genera alrededor de esta planificación productiva, diseñada desde la necesidad de las grandes empresas transnacionales, desde el mercado mundial. Como prioridad para estas empresas están las fuentes de energía, minería y el monocultivo, por lo que la diversidad productiva agrícola no tiene importancia en los países como los nuestros, entregados a la división social del trabajo a nivel mundial, siempre destinados a ser proveedores de materias primas o consideradas como motocultivadores.

La actividad agrícola propia no solo está afectada por la minería, por el petróleo y el monocultivo, sino también está siendo atrapada por la dependencia en las semillas transgénicas, que nos obliga a consumir fertilizantes y pesticidas químicos, como es el caso de la soya, la malanga, entre otros productos.

Por los años 70, con la propuesta de los Estados Unidos llamada alianza para el progreso se introdujo en nuestra alimentación, el consumo de leche, lácteos y demás derivados del ganado vacuno como fuente de calcio y proteína, quitándonos otras fuentes propias, como el chocho, los cereales, los tubérculos, etc; además de generar un alto consumo de insumos farmacéuticos y alimenticios para sostener a animales criados con intervención genética, a fin de que rinda más.

Lo que no nos damos cuenta es que la vaca intervenida genéticamente, nos da 40 litros diarios de leche, se diferencia de la vaca criolla, aunque ésta nos de 5 litros de leche diario, en la fortaleza que tiene, la primera necesita de cuidados, vacunas, alimento especializado, mientras que las criollas no, están adecuadas a la alimentación, al clima de nuestra tierras, lo mismo pasa con el pollo criollo, con el chanco negrito, que hemos reemplazado por el pollo de criadero y el chanco rosado.

Mirar este circuito de negocio veterinario, cuando cambiamos las razas de nuestros animales, es importante porque genera dependencia, genera una falacia en la idea de la gente como ganancia, además de significar para el país, pérdida de soberanía alimentaria, porque nos han quitado la posibilidad de decidir que productos queremos producir y que productos queremos servirnos como alimento diario, además de irnos empobreciendo económicamente, porque ahora la dependencia química nos quita la posibilidad de seguir siendo productores de nuestras tierras.

El país que nos han construido a nombre del desarrollo y del progreso, es éste; con esta imagen de país en la mente es que empezamos a ver posibilidades de reconstruirlo, partiendo de potencialidades que aun nos quedan, evaluando los niveles de pobreza que nos han dejado, y aprovechando las diferentes experiencias organizativas a nivel nacional de los pueblos, ha empezado el proceso de la constituyente. Alrededor de éste proceso la gente se ha movilizado en contra de la privatización del agua, porque en la agenda del banco mundial y del fondo monetario consta, decidir sobre nuestros recursos naturales, porque somos considerados subdesarrollados, pobres y tontos, incapaces de decidir sobre estos bienes, modelo de desarrollo, propios del neoliberalismo.

Tomando en cuenta este modelo, ésta lógica productiva a nivel mundial, que hoy se muestra insustentable, es que las organizaciones con movilización, con exigencias hemos logrado varios puntos en la constituyente: sobre el agua, hemos logrado que este recurso sea declarado como un derecho humano de los pueblos, regido por lo que se conoce como prelación del agua, es decir su uso regulado por niveles de importancia, asegurando la vida de los pueblos.

Como primera prioridad del uso del agua, estará el consumo humano, en segundo lugar el riego, en defensa de la soberanía alimentaria de los pueblos, el tercero será el uso para el caudal ecológico, asegurando el ciclo vital de las fuentes de agua y del planeta, por último, para otros usos, es decir para la industria, para el monocultivo o para cualquier otro tipo de actividad que no comprometa la vida.

En este mismo marco hemos logrado el derecho a la resistencia, los derechos de la naturaleza, la soberanía alimentaria, este último citado en el artículo 281.

Ahora debemos estar atentos, porque en la constitución también se han introducido artículos que favorecen a lo que el gobierno ha llamado de interés nacional, y uno de los puntos declarados como de interés nacional por el presidente Rafael Correa es la minería, el petróleo, actividades que provocan altos niveles de contaminación del agua, además de terminar con la producción agrícola y ganadera de la zona donde se realiza esta actividad, afectando la economía campesina, generando migración y terminando con la soberanía alimentaria de nuestros pueblos.

Declarar asunto de interés nacional, es permitir al gobierno disponer con o sin consentimiento del pueblo la explotación de los recursos naturales, en caso que el pueblo se opusiera, el gobierno está en la potestad de llamar al ejército para contravenir cualquier acción que vaya encaminada a frenar la explotación. Todo a nombre del interés nacional.

Sin embargo, debemos empoderarnos de estas herramientas reconocidas en la constitución para luchar por la vida y la soberanía alimentaria de nuestros hijos y de la población que seguirá aquí después de varios siglos.

Coordinación General: José Luis Bedón
Consejo Editorial:
Luis Macas
Patricio del Salto
Ricardo Ulcuango
Alicia Vacacela
Fernando Sarango
Blanca Chancosa
Floresmilo Simbaña
Edición Electrónica: Marc Becker

Subvencionado por:

Con el apoyo de:

Dirección:
ICCI
Instituto Científico de Culturas Indígenas
Calle Gaspar de Carvajal N26-27 y Luis Mosquera Narváez
Apartado Postal 17-15-50B
Quito-Ecuador

Teléfonos: (593 2) 2900048, 3203715, 3203732
Fax: (593 2) 3203696
E-mail icci@ecuanex.net.ec
http://icci.nativeweb.org

© Los artículos del presente Boletín pueden reproducirse citando la fuente