Boletín ICCI
"RIMAY"

Editorial

A partir del denominado "Consenso de Washington", concebido, impulsado y ejecutado desde el inicio de la década de los 90's por el gobierno norteamericano y con la activa participación de las instituciones multilaterales de crédito como son el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los países de América Latina al mismo tiempo que emprendían drásticas medidas de ajuste macroeconómico asumían el compromiso por transformar radicalmente sus sociedades bajo los criterios de la liberalización, la desregulación y la desreglamentación.

Esta transformación social implicaba una nueva definición del Estado y del rol que éste debería asumir al interior de la sociedad. En adelante, el Estado que había sido el factor fundamental en la asignación de recursos y en la regulación social durante el modelo de industrialización debía ahora transferir estas responsabilidades hacia los mecanismos del libre mercado. Esta propuesta se justifica por cuanto se considera al mercado como un nuevo locus de regulación social que garantiza la eficiencia, la racionalidad y la instrumentalidad de los agentes económicos y de los actores sociales.

A nivel de discurso se contrapone al mercado con el Estado, sobre todo en los ámbitos de la regulación, el control y la asignación. De esta manera, la dicotomía entre Estado/mercado, sirve como un referente de discurso que opera de la misma manera con la que se comprende la dualidad opresión/libertad. En este caso, y siempre desde este discurso, que al decir de Ignacio Ramonet será un "discurso único", el mercado representaría la esfera de la libertad. El Estado representaría, en cambio, la esfera de la opresión, del control, de la dominación. Para este discurso único, solo las fuerzas del libre mercado pueden asignar eficaz y eficientemente los recursos existentes, mientras que las trabas burocráticas del Estado hacen que esta asignación sea lenta, poco eficiente y sometida a los cálculos políticos de los agentes.

Es gracias a todo este razonamiento que se propone el "Estado mínimo", como eje central de acción dentro del programa de reformas neoliberales subyacentes al "Consenso de Washington". Y es este esquema de pensamiento el que orienta y estructura los planteamientos de reforma del Estado y descentralización que están a la base de los discursos del Banco Mundial

Para el Banco Mundial, la descentralización se reduce a un proceso administrativo y operativo por el cual el Estado delega sus principales atribuciones y responsabilidades a los gobiernos seccionales y éstos a su vez a la empresa privada. El problema de la descentralización se reduciría, entonces, a la definición del ámbito de las competencias a ser asumidas por los gobiernos seccionales y por la empresa privada. En esa línea de trabajo se inscriben también algunos de los programas de ayuda de la cooperación internacional.

La intencionalidad subyacente es la de reducir al máximo el rol del Estado en la sociedad y que el espacio que deja el Estado sea asumido por la empresa privada. El gobierno seccional y local se convierten en una especie de intermediario entre la comunidad y el sector privado. Es el sector privado quien proveerá de servicios a la comunidad y es el gobierno local quien será el encargado de controlar y regular la provisión de estos servicios. Por su parte, el Estado asumiría las funciones de la defensa nacional, las relaciones exteriores y el sistema jurídico, entre las tareas más importantes. Tal es la visión, grosso modo expresada, de las propuestas de descentralización hechas desde el Estado Ecuatoriano y las instancias comprometidas con este proceso.

Por su parte, las élites locales, sobre todo aquellas vinculadas con la oligarquía agroexportadora de la costa ecuatoriana, entienden la descentralización como un proceso de transferencia de poder político desde el Estado central hacia los espacios de poder local que están bajo su control. Para estas élites, la descentralización es básicamente un problema de autonomía. Comparten el mismo esquema de descentralización del Banco Mundial y de otras agencias multilaterales de crédito. Igual que el Banco Mundial, estas élites están de acuerdo con la reducción del Estado (el "Estado mínimo"), y también están de acuerdo en el rol que el sector privado debe asumir en la concesión de servicios, en la regulación y en la asignación.

En lo que difieren es en su visión estratégica y política de la descentralización. Para las élites, la descentralización debe constituirse en un proceso por el cual se efectúe una real transferencia de soberanía por parte del Estado hacia sus áreas de control y manejo. Se trata, en definitiva, de construir, a través de las autonomías, espacios de poder político que puedan ser sometidos al control estratégico de las élites. Este poder político, que actualmente tiene un ordenamiento jurídico establecido, se constituye como una traba dentro de su visión de poder al mediano y al largo plazo.

Para las élites de la ciudad de Guayaquil, la ciudad económicamente más rica del Ecuador, por ejemplo, su horizonte estratégico es el de emular el desarrollo económico de Hong Kong, y convertirse en una especie de ciudad-Estado, en el cual su responsabilidad con el Estado en su conjunto sea más bien retórica, o de plataforma para sus intereses particulares.

En su proyecto estratégico de devenir ciudad-Estado, las élites vinculadas a la oligarquía de la ciudad de Guayaquil, presionan por un proceso descentralizador que implique una reforma profunda del ordenamiento vigente y que constituya al Estado Ecuatoriano como un aglomerado de polos "performantes" con capacidad de decidir por sí solos su política económica, y que puedan competir entre sí por la asignación y la dotación de los recursos existentes.

Dentro de su proyecto estratégico, las regiones más pobres y con menor desarrollo económico, pasarían a convertirse en regiones que orbitarían alrededor de estos polos "performantes" ofreciendo mano de obra barata, vastos recursos naturales, e incluso transfiriendo recursos financieros. El Estado Ecuatoriano se fracturaría de manera irremisible y emergerían de este proceso dos o tres polos "performantes" que dominarían a las otras regiones y competirían entre sí. Es, grosso modo expresado, la idea subyacente del pedido de autonomías realizado desde las élites ecuatorianas.

A contrapunto de estos discursos, los movimientos sociales y entre ellos el movimiento indígena han ido abriéndose paso en el debate de la descentralización. Las propuestas de circunscripciones territoriales realizadas desde el movimiento indígena se inscriben justamente dentro del proceso de readecuar el ordenamiento territorial del país en función de los nuevos requerimientos de los pueblos y nacionalidades indígenas.

La incursión en el ámbito de la política institucional, y el haber alcanzado el control de varios poderes locales, obligan al movimiento indígena a definir posiciones concretas con respecto a la reforma del Estado, a la descentralización y a los pedidos de autonomía. Si bien el Estado se ha construido desde fuera de las necesidades históricas de los pueblos y nacionalidades del país, también es cierto que el Estado es una relación social susceptible de ser modificada en virtud de las nuevas relaciones de poder que han emergido en estos últimos años.

En ese sentido, para el movimiento indígena la descentralización y reforma del Estado no pueden limitarse bajo ninguna circunstancia a los lineamientos establecidos desde el Consenso de Washington y promocionado por las instituciones multilaterales de crédito (FMI, BID y Banco Mundial). Tampoco puede comprenderse a la descentralización como una oportunidad de profundizar, consolidar y fortalecer el poder político y económico de las élites, sobre todo de aquellas vinculadas a las oligarquías de la costa del Ecuador.

Para el movimiento indígena un criterio fundamental que debe ser tomado en cuenta en su pedido de reforma del Estado, y que además ha sido una constante durante todo este tiempo, es la interculturalidad y la plurinacionalidad del Ecuador. Ya desde el levantamiento del Inti Raymi, en 1990, se planteó la necesidad de modificar y crear un nuevo marco jurídico legal y político que contemple los derechos de los indígenas.

Los pedidos de la reforma de la Constitución que se hicieron en 1990, solamente pudieron efectuarse ocho años más tarde, cuando a instancias del movimiento indígena se convocó la realización de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero esta convocatoria fue rápidamente asimilada por las estructuras de poder vigente que bajo la retórica de la gobernabilidad cambiaron el proyecto original de establecer una Constitución democrática y plurinacional en función de las necesidades de la privatización, la liberalización de la economía y la desregulación social.

Los pueblos indígenas han demandado desde siempre el derecho a la autodeterminación, es decir, a la creación de regímenes propios que sustenten un autogobierno de las comunidades que permita tener competencia legal sobre la administración de los asuntos internos de las comunidades y sus poblaciones, siempre en el marco del Estado nacional.

Se trata de crear un nuevo modelo de Estado y un nuevo modelo de contrato social, en el cual las leyes sean hechas en función de las necesidades de las mayorías, en el cual se respeten las culturas diferentes, las formas y prácticas organizativas y políticas propias. En la reforma política del Estado, el movimiento indígena siempre ha propuesto una real democratización en la asignación de recursos.

Las condiciones de pobreza y el grave deterioro social al cual han conducido las erradas políticas de las instituciones multilaterales de crédito, como el FMI y el Banco Mundial, han provocado profundas tensiones y desgarraduras en el tejido social. Dadas esas condiciones, las propuestas de descentralización y de reforma del Estado, promocionadas por estas instituciones, hacen que nuestro país corra el serio peligro de la desintegración, que sumado al afán oportunista de las élites amenazan con la integridad misma de nuestra sociedad. Urge entonces abrir el debate hacia nuevos actores y nuevas propuestas.

El movimiento indígena es un actor social con una importancia política reconocida por toda la sociedad y que goza de una gran legitimidad social. Sus propuestas de descentralización y de reforma del Estado, deben ser los ejes que articulen y otorguen contenidos democráticos y participativos al debate sobre la descentralización y la reforma