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Boletin ICCI ARY-Rimay
Boletín ICCI-ARY Rimay, Año 5, No. 51, junio del 2003

Editorial

Un genocidio cultural


Las transnacionales petroleras que ingresaron al territorio ecuatoriano desde la década de los 20, luego en los 70 y 80 en adelante, junto con las empresas de explotación del caucho y las madereras son las responsables de la explotación indiscriminada de los recursos naturales del territorio de la Amazonía y de sus efectos permanentes en contra de las Nacionalidades Sionas, Secoyas, Cofanes, Huaoranis, etc. Por ejemplo, la Texaco que vino en 1964 hasta 1990 "Operó 15 campos petroleros, 22 estaciones de producción, y 339 pozos, extrayendo 1.434.000.000 barriles de petróleo". "Algunos de los daños que provocó son: 16.8 millones de galones de petróleo regados en ríos y esteros; 20 billones de galones de agua tóxica derramados en ríos y esteros; 235.000 millones de pies cúbicos de gas quemados a cielo abierto".1 A estos efectos, se suman la contaminación ambiental, la deforestación permanente y la táctica empresarial de dividir a las organizaciones y a algunos de sus dirigentes a cambio de pequeñas dádivas personales o grupales.

En 1998 el Estado ecuatoriano declaró zonas intangibles al Parque Nacional Yasuní y por tanto al territorio en donde existen y transitan milenariamente los Tagaeri y los Taromenane, pero pese a esta declaratoria, las empresas madereras y petrobel han realizado vuelos constantes sobre estos territorios a fin de ir ubicando las áreas de producción. Ante esta codicia irracional de las empresas extranjeras y nacionales por el oro negro y por la madera, que buscan explotar los recursos naturales a bajos costos y extraer lo máximo de ganancia a cambio de poca inversión, queda claro que para el Estado neoliberal y para sus aliados empresariales, lo fundamental es obtener grandes ganancias a cualquier costo y en donde sea.

En este contexto el Estado ecuatoriano y los gobiernos de turno han sido incapaces e incompetentes de hacer cumplir y respetar la constitución política y los derechos colectivos; por ejemplo, no se viene haciendo cumplir ni respetar el Art. 84:

Literal 2, dice que el Estado debe "Conservar la propiedad imprescriptible de las tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles, salvo la facultad del Estado para declarar su utilidad pública. Estas tierras estarán exentas de pago del impuesto predial".

Literal 3. "Mantener la posesión ancestral de las tierras comunitarias y a obtener su adjudicación gratuita, conforme a la ley".

Literal 4. "Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras".

Literal 5. "Ser consultados sobre sus planes y programas de prospección y explotación de recursos no renovables que se hallen en sus tierras y que puedan afectarlos ambiental y culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten, en cuanto sea posible y recibir indeminizaciones por los perjuicios socio-ambientales que les causen"2 etc.

En vista de esta falta de garantías constitucionales, las nacionalidades han venido enfrentando una serie de atropellos a lo largo de su historia y han tenido que defender sus derechos en varias ocasiones frente a las petroleras, a las empresas madereras y frente a las doctrinas y sectas encabezadas por el Instituto Lingüístico de Verano, hoy llamado Visión Mundial.

En este contexto los conflictos armados entre las empresas madereras y la Nacionalidad Huaorani han sido permanentes. Por ejemplo, el día lunes 8 de julio del 2002, tres indígenas Kichwas ( R. Chimbo, A. Huatatoca y su hijo) fueron asesinados en la reserva Huaorani de la cuenca del río Nushiño, al nororiente de Pastaza3.

Luego a finales del mes de Octubre del 2002, en un enfrentamiento entre los taladores de madera y los Huaorani cerca del puente de la vía Coca-Tiguino, falleció Mencam Omene de 39 años y quedó gravemente herido el niño J. Ima 4.

A esta ola de enfrentamientos se suma otro, ocurrido a fines del mes de mayo del presente año, en donde son asesinados 12 miembros de la comunidad Taromenani (nueve mujeres y tres hombres, entre los cuales está un joven y un niño) en manos de los Huaorani y en complicidad con madereros de la zona que habrían proporcionado fusiles, municiones y recursos para provocar tal genocidio.

¿Por qué se vuelven a producir estos asesinatos? ¿Qué significado y efectos posteriores, tienen estos hechos para las propias nacionalidades involucradas? ¿Qué tiene que ver el hecho de que hayan sido la mayoría mujeres y niños asesinados cruelmente? ¿Cuál ha sido la participación de la Administración de Justicia Indígena en este caso? Y ¿Cuál ha sido el rol del Estado?

La versión religiosa del Padre Juan Carlos Andueza, es que un grupo de guerreros Huaorani ingresaron al territorio Tagaeri en 1994 y secuestraron a una mujer para ofrecerle regalos y devolverle a la comunidad Tagaeri, pero en el trayecto de regreso los Tagaeri asesinaron a un miembro de los Huaorani, por lo tanto, el asesinato a los Tagaeri, para este religioso sería un acto de venganza de los Huaorani. En esta versión quedan muchas dudas y vacíos; por ejemplo, por qué ingresaron los Huaorani al territorio Tagaeri, solamente para entregar regalos a una mujer, sabiendo que los Tagaeri son guerreros y defienden su territorio a muerte y que además no buscan contacto con nadie. ¿Acaso los Tagaeri han pedido regalos a los Huaorani?. ¿Por qué los Huaorani asesinaron a varios Tagaeri, sabiendo que está en juego su propia extinción?.

Esta versión es muy simplista y no recoje los antecedentes históricos de las nacionalidades y pueblos; al contrario ubica a las nacionalidades como "seres salvajes, criminales, que viven en condiciones primitivas" y que no son capaces de resolver sus conflictos por la vía del diálogo y la paz. La exaltación del genocidio por los medios de comunicación, ubica a las nacionalidades y pueblos como incapaces de resolver sus problemas internos y como causantes y ajenos al dolor de sus propios hermanos.

La otra tesis mantenida por la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica – COICA, por la Organización de la Nacionalidad Huaorani de la Amazonía Ecuatoriana ONAHE, Confeniae, Codenpe y CONAIE, es que detrás de tal genocidio, están las empresas petroleras y madereras que buscan la explotación indiscriminada de los recursos naturales de la zona y que logran dividir a los miembros de las nacionalidades para conseguir sus fines.

Por ello han emprendido un proceso de investigación de los sucesos y han exigido del Gobierno el respeto de los derechos colectivos y de las áreas intangibles para que en tales áreas no ingresen las transnacionales.

Lo cierto es que lo sucedido debe poner en alerta a todo el movimiento indígena, porque no sólo es un crimen y una violación a todo tipo de derechos humanos, realmente es un genocidio humano y cultural, porque por un lado, se acaba con la vida de seres humanos que son portadores de una cultura, de unos valores y de un saber irreparable; pero, por otro lado, se acaba con las mujeres y los niños, que en el caso de las madres, son las portadoras, reproductoras y transmisoras de la vida, las costumbres, la socialización, el idioma, es decir, se acaba con el ser más fundamental en la generación de la vida; así mismo, se acaba con la vida inocente de varios niños; es decir, se mutila o se anula la esperanza del florecimiento de la propia cultura y la posibilidad de seguir multiplicando esfuerzos para construir una nueva sociedad libre de explotación económica y social.

1Petróleo, Ambiente y Derechos en la Amazonía Cntro Sur. CDES-OPIP-Amazanga. P.11.

2Constitución Política del Ecuador. Capítulo 5. p.41.

3El Comercio 17 y 18 de julio/2002.

4El Comercio 3 y 3 de noviembre/2002.


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